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Una idea concreta para reactivar la marina mercante

La Mesa de Unión Naviera Argentina (M.U.N.A) elaboró una propuesta para reactivar la actividad, que toma como base el Decreto 1010 sancionado en el 2004 pero amplía sus alcances. 

 

A continuación presentamos el Proyecto de Decreto de Necesidad y Urgencia de la Marina Mercante e Industria Naval desarrollado por la Mesa de Unión Naviera Argentina. 

CONSIDERANDO:

 

Que el Decreto Nº 1010 de fecha 6 de agosto de 2004 derogó los Decretos Nº 1772 de fecha 3 de setiembre de 1991 y Nº 817 de fecha 26 de mayo de 1992, los cuales fueron integrados con los Decretos Nº 1493 de fecha 20 de agosto de 1992 y Nº 343 de fecha 16 de abril de 1997, estos dos últimos derogados por la Ley Nº 25.230.

Que el Decreto Nº 1772/1991 instituyó un sistema transitorio que intentó, mantener con costos competitivos la capacidad de bodega, y prestar servicios al armamento nacional, además de asegurar el empleo de mano de obra nacional a bordo de los buques y artefactos navales de bandera extranjera comprendidos en dichos regímenes, aunque en la práctica se produjo un desequilibrio en el mercado en el que opera la industria naval, con el impacto negativo en dicho sector.

Que en oportunidad del dictado del Decreto Nº 1772/91, la transitoriedad de la vigencia del mismo estaba limitada por la futura sanción de un cuerpo legal único que permitiera el desarrollo de la Marina Mercante Nacional en el orden local y regional, la inserción en los tráficos internacionales y su relación con la fuerza del trabajo, dentro de un concepto de competitividad, que asegure el empleo para la mano de obra nacional. Que el régimen establecido por el Decreto Nº 1772/1991 no obtuvo los resultados deseados, produciendo la disminución de mano de obra argentina en los buques cesados provisoriamente y el primero otorgó tratamiento de extranjeros a las tripulaciones de los buques de bandera argentina

Que el Decreto Nº 1010/2004 otorgó un plazo a los propietarios y/o armadores que optaron por la normativa que tuvo como objetivo la “Desregulación del transporte por agua” (Decreto Nº 1772/1991, Decreto Nº 817/1992, integrados los Decreto Nº 1493/1992 y Decreto Nº 343/1997 estos dos últimos derogados por la Ley Nº 25.230) para reintegrar a la matrícula nacional los buques o artefactos navales que hubieren cesado en forma provisoria, gozando hasta su reincorporación únicamente del beneficio de operar en el Cabotaje Nacional.

Que el Decreto Nº 1010/2004 estableció que todos los contratos que se celebren para tripular los buques o artefactos navales se regirán por la legislación argentina vigente y quedarán bajo jurisdicción administrativa y judicial argentina.

Que el Decreto Nº 1010/2004 estableció que los buques y artefactos navales de bandera extranjera amparados por este decreto, deberán ser tripulados exclusivamente por personal argentino bajo pena de pérdida del beneficio establecido en el presente decreto

Que el Decreto Nº 1010/2004 estableció que los trabajos de modificaciones y reparaciones, incluidos en las renovaciones de los certificados de clasificación y aquellos que se deban realizar fuera de la condición señalada, en los buques arrendados en las condiciones que establece el presente régimen, deberán ser realizados en astilleros y talleres navales de nuestro país dentro de sus capacidades técnicas o disponibilidad de sus instalaciones.

Que el Decreto Nº 1010/2004 estableció un régimen de importación de insumos, partes, piezas y/o componentes no producidos en el ámbito del Mercosur.

Que el Decreto Nº 1010/2004 no obtuvo los resultados deseados y la situación actual de la marina mercante e industria naval nacional, amerita que se intervenga en el corto plazo a través del dictado de un régimen transitorio con medidas puntuales para el desarrollo del sector y simultáneamente generar los consensos necesarios, en el seno del Parlamento Nacional, para que definitivamente se sancioné un régimen orgánico, que conjugue simultáneamente los intereses de la actividad.

Que resulta necesario, atender en el referido cuerpo legal a dictarse los intereses de la industria naval argentina en consonancia con la con la marina mercante nacional, por ser ambos pilares fundamentales de los intereses marítimos argentinos.

Que las actividades citadas anteriormente son fundamentales para el desarrollo económico nacional mediante la generación de fletes y la ocupación de mano de obra, tanto a bordo de los buques como en la industria naval por sus conocidos efectos multiplicadores, capaces de producir ingresos por la exportación de bienes y servicios.

Que urge organizar el comercio y la navegación, sobre bases de equidad, que contemplen también el interés del fisco, que cuiden los derechos de todos los trabajadores relacionados con la actividad, la reapertura a la bandera argentina con carácter definitivo y permitan que esta actividad sea conducida por empresas nacionales.

Que el esquema legal de las normas vigentes produce un desequilibrio entre los diferentes actores de la propia Marina Mercante impidiendo a los armadores nacionales contar con herramientas legales que le permitan alcanzar razonables grados de competitividad frente al resto de los Armadores con mayoría de Capital extranjero y a los Astilleros Nacionales desarrollar adecuadamente su capacidad productiva en función de un plan proyectado y consensuado de inversión para la recuperación de la Industria Naval.

Que las políticas erráticas en materia de navegación marítima y cabotaje nacional e internacional y especialmente en la hidrovía, provocaron una sensible disminución de las embarcaciones para transporte fluvial y marítimo de bandera nacional.

Que todos los sectores involucrados sean éstos armadores, Propietarios, Cargadores, Industria Naval, Gremios y Autoridades Nacionales, deben aportar su mejor esfuerzo, dejando de lado intereses particulares frente a los intereses nacionales. Que la norma que se instituye debe establecer las condiciones del arrendamiento de embarcaciones, buques y artefactos navales, para cada uno de los servicios que se señalan en el Decreto-Ley Nº 19.492/44.

Que el tratamiento de bandera del presente régimen supone un beneficio que justifica, como contrapartida, la exigencia para los buques y artefactos navales amparados por el régimen que se propicia por el presente decreto, de contratar, sus reparaciones y mantenimientos en astilleros y talleres navales nacionales, creando además el compromiso de promover la participación de la industria de la construcción naval argentina en la renovación de la flota mercante. Que es reconocida por el PODER EJECUTIVO NACIONAL y los sectores interesados la necesidad de contar con una normativa de jerarquía legislativa para la Marina Mercante Nacional por lo que se considera, que este régimen de excepción, no debería superar un plazo máximo de CUATRO (4) años, pero debe terminar en la importación definitiva de buques, remolcadores, etc. y construcción de embarcaciones en la Argentina.

Que el régimen del cabotaje nacional adquiere particular importancia, en momentos en que la apertura de los tráficos internacionales y la suscripción de acuerdos multilaterales y bilaterales con otras naciones, especialmente con la República Oriental del  Uruguay, permite el arribo de buques y artefactos navales extranjeros cuya actividad comercial podría ser, en su propio interés, extendida a jurisdicción nacional, en perjuicio de la Marina Mercante Nacional, de empresarios y capitales nacionales, y de los tripulantes argentinos. Por otra parte, es importante acordar con la República Oriental del Uruguay un adecuado régimen bilateral entre nuestros dos países, para que la carga no sea tomada por otras banderas en detrimento de la nuestra.

Que una clara normativa para el cabotaje nacional por agua, tanto de las actividades que lo componen, como del ámbito geográfico que lo comprende, en consonancia con las prácticas regionales e internacionales en la materia, resulta coadyuvante para el desarrollo de la Marina Mercante Nacional y la correspondiente generación de valor agregado y mano de obra industrial en nuestro país.

Que el transporte por agua de carga y/o contenedores y/o pasajeros, entre puertos o puntos situados en territorio argentino o sujetos a jurisdicción nacional o provincial, incluso el de aquellas cargas que tengan como destino final la exportación, aun cuando en su trayecto el buque hiciere escala en uno o varios puertos extranjeros, y las operaciones de transbordo, dragado, remolque, y todo otro servicio o actividad comercial que se efectúe en aguas argentinas, sean marítimo, fluvial o lacustre, están reservados para los buques y artefactos navales de bandera nacional o con tratamiento de tales.

Que un régimen definitivo deberá contemplar la exclusividad de la bandera argentina en el cabotaje nacional y la promoción de participaciones progresivamente mayores de buques de bandera nacional en el tráfico de ultramar. Que los buques destinados a la navegación fluvial no tendrán límite de edad, siempre y cuando cumplan con los certificados vigentes de acuerdo a los diques secos que establece Prefectura Naval Argentina para la seguridad de la navegación.

Que a modo de estímulo, es adecuado otorgar un tratamiento igualitario para todos los integrantes de la Marina Mercante, propietarios y armadores nacionales, para que en igualdad de condiciones y sin necesidad de justificar capacidad de charteo equivalente a lo que se pretende incorporar, puedan utilizar la norma legal bajo tratamiento a los fines de incrementar de forma inmediata la bodega de nuestro país. 

Que se debe establecer un marco normativo que exceptúe de todo pago de derecho, tasa, arancel o impuesto a aquellos insumos importados destinados a la construcción y/o modificación y/o reparación de embarcaciones, buques y artefactos navales en nuestro país

Que se deben estimular a los talleres de reparación naval, facilitando la tramitación de importación temporaria, de los buques y artefactos navales clasificados en el Capítulo 89, sus partidas y subpartidas de la Nomenclatura Común Mercosur, excluyéndolos del ANEXO del Decreto 1330/2004 del Poder Ejecutivo Nacional, referido a “importaciones mercaderías con perfeccionamiento industrial”.

Que en tal sentido, y a modo de estímulo es adecuado otorgar un tratamiento diferenciado a las personas físicas nacidas en Argentina y personas jurídicas con capital accionario mayoritariamente nacional, que hayan orientado sus esfuerzos al mantenimiento de la bandera nacional y la industria naval, construyendo sus embarcaciones en astilleros nacionales y, en el mismo plano, a aquellos que hayan importado definitivamente a la bandera argentina buques , remolcadores y demás embarcaciones que sean admitidas y  reguladas  por el  presente Decreto.

Que el régimen que se establece por la presente medida no significará en modo alguno incremento en los costos de los fletes de cabotaje nacional tanto fluvial como marítimo ni ocasionará perjuicios en la competitividad de los fletes internacionales y muy especialmente a los de la hidrovía, hecho éste que presupone un esfuerzo de las Autoridades Nacionales a nivel impositivo, regulatorio, aranceles, etc. y a nivel de los Armadores y Gremios para alcanzar niveles de competitividad razonables.

Que por lo antes expuesto, resulta urgente formular las bases de un nuevo contrato social entre todos los responsables de los sectores afectados que permita la reactivación de nuestra Marina Mercante e Industria Naval con el dictado de medidas complementarias que solucionen en forma inmediata las deficiencias del régimen actual, para evitar que la prolongada emergencia en que se encuentra el sector de la economía nacional cause daños aún más profundos al interés común. En este sentido se compromete a las Autoridades Nacionales, Entidades Gremiales de cada sector, a los cargadores, Armadores, Propietarios e Industria Naval a formalizar los ajustes necesarios para que la norma en cuestión sea eficiente y produzca el beneficio esperado.

Que la sanción de una Ley por parte del Congreso Nacional con el objeto de remediar la situación ya descripta demandaría plazos que no se condicen con la necesidad imperiosa de reorganizar las bases del transporte por agua en la República.

Que la crítica situación por la que atraviesa el sector determina la imperiosa necesidad de dictar el acto proyectado, configurando una circunstancia excepcional que hace imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución Nacional para la sanción de las leyes y justifica su dictado en base a la facultad normada por el Artículo 99 inciso 3 de la Carta Magna.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE TRANSPORTE ha tomado la intervención que le compete, en virtud de lo dispuesto por el Artículo 9º del Decreto Nº 1142 de fecha 26 de noviembre de 2003, y posteriores normas modificatorias.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo 99, inciso 1 y 3 de la CONSTITUCION NACIONAL.

 

Por ello, se propone: 

Art. 1.-  Deróguese el decreto Nº 1010/2004 de fecha 6 de agosto de 2004.-

Art. 2. Otórguese el tratamiento de bandera nacional a todos los fines de la navegación, comunicación y comercio, de cabotaje e internacional, a los buques y artefactos navales comprendidos en el presente decreto.

Art. 3.-  Los buques y artefactos navales que a continuación y con carácter taxativo se indican, que por sus características y por la capacidad de la Industria Naval Nacional, pueden ser construidos en el país, quedan excluidos del beneficio otorgado en el artículo anterior::

a) Los destinados a la pesca en cualquiera de sus formas que se encuentren amparados en el marco de los alcances de la Ley Nº 24.922.

b) Los destinados a las actividades deportivas o de recreación, cualquiera sea su tipo y características.

c) Los destinados al transporte de pasajeros y/o pasajeros con vehículos, con capacidad marítima, fluvial o lacustre, con un tonelaje igual o inferior a DOS MIL TONELADAS (2000 t.).

d) Los destinados al transporte de cargas, sin propulsión propia, cualesquiera sean su tipo, porte y características.

e) Los remolcadores destinados al remolque y/o maniobras portuarias, con excepción de aquellos cuyo propietario y/o armador sea titular de un contrato de construcción en ejecución, en un astillero nacional, al momento de solicitar el beneficio dispuesto en el presente decreto por TRES MIL QUINIENTOS HP (3.500hp) o superior.

f) Los remolcadores de tiro, de empuje, de operaciones costa afuera y las embarcaciones de apoyo y asistencia, para los tráficos marítimos y fluviales con una potencia igual o inferior a DOS MIL HP(2000 hp) pertenecientes a armadores y/o propietarios con capital mayoritariamente nacional; y, con una potencia igual o inferior a TRES MIL QUINIENTOS HP (3.500 hp) pertenecientes a armadores y/o propietarios con capital mayoritariamente extranjero

g) Los destinados a actividades técnicas, científicas y/o de investigación, cualesquiera sean su porte y características, con capacidad operativa marítima, fluvial y/o lacustre.

h) Las dragas a cangilones, las de corte y de succión, con capacidad igual o inferior a OCHO MIL M3 (8.000 m3).

i) Los pontones, plataformas, boyas, monoboyas y artefactos navales y auxiliares de ayuda a la navegación, tareas de construcción y obras portuarias, vías navegables y tareas de exploración y explotación. Quedan excluidas de esta nómina, los pontones grúas de más de 100 tns de capacidad para izar peso y embarcaciones para el tendido de tuberías y cables submarinos en la actividad Off Shore.

j) Los buques dedicados a la extracción de arena y/o canto rodado.

Art. 4.- La SUBSECRETARIA DE PUERTOS Y VIAS NAVEGABLES dependiente de la SECRETARIA DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE, será la Autoridad de Aplicación del presente régimen y, en tal carácter, dictará las normas de adecuación o interpretación, recibirá las solicitudes y previa intervención de la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA dependiente del MINISTERIO DE SEGURIDAD y de la DIRECCION GENERAL DE ADUANAS dependiente de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS (AFIP), entidad autárquica en la órbita del MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS, tendrá a su cargo el otorgamiento de las autorizaciones correspondientes y el registro de los contratos de locación a casco desnudo, a casco desnudo con opción a compra, leasing y compra venta, en cuya virtud se emitan los certificados autorizantes.

Art. 5.- Los solicitantes para acogerse al beneficio deberán acreditar, con carácter previo:

a) En el caso de personas físicas, ser de nacionalidad argentina y tener domicilio permanente en el país y disponer de CUIT o CUIL, y en el caso de personas jurídicas, su constitución en el país de acuerdo a la legislación vigente.

b) Encontrarse inscriptos como armadores ante la Autoridad de Aplicación y registrar bajo su propiedad como mínimo UN (1) buque y/o artefacto naval con bandera argentina, en actividad. Que mantenga como mínimo un nivel de operación comercial de 6 meses cada 12 meses efectivamente cumplidos y que mantenga los certificados actualizados.

c) En caso de no cumplimentar el requisito establecido en el inciso b), inscribirse como Armador ante la Autoridad de Aplicación, habiendo formalizado un contrato de construcción en astilleros nacionales de un buque de igual o superior a DOS MIL HP (2000 hp) de potencia,  o de uno o más artefactos navales de igual o superior a TRES MIL TONELADAS (3.000 tn) de carga., o  contrato de reconstrucción de buque por un valor igual o superior a DÓLARES ESTADOUNIDENSES UN MILLÓN (USD 1.000.000) por contrato con principio de ejecución.

d) Tener UN (1) contrato de locación a casco desnudo de UN (1) buque o artefacto naval, cuya duración no sea inferior a SEIS (6) meses ni superior a CUATRO (4) años contados a partir de la fecha del otorgamiento de la autorización por parte de la Autoridad de Aplicación.

e) Tener un contrato de compra-venta, leasing o charteo con opción de compra de un (1) un buque, o artefacto naval, para ser incorporado a la bandera argentina dentro de los lineamientos del presente decreto.

f) Que el buque o artefacto naval, objeto de la locación a casco desnudo, no tenga al momento de la presentación de la primera solicitud, una antigüedad mayor a los (10) años, contados a partir de su primera matriculación. Para el caso de remolcadores de empuje y demás buques de navegación fluvial se aceptará una antigüedad de hasta 30 años contados a partir de su primera matriculación.

g) Que el buque o artefacto naval, objeto de la compra venta, leasing, charteo con opción de compra guarde las formalidades del cuadro arancelario adjunto en el anexo I.

h) Que el buque o artefacto naval arrendado a casco desnudo, tenga en vigor los certificados emitidos por las Sociedades de Clasificadoras Internacionales reconocidas como tales por la Autoridad de Aplicación; o, en su defecto, los que exija la Autoridad de Aplicación para su incorporación transitoria o definitiva.

i) No mantener deuda vencida ni juicio pendiente de sentencia definitiva con el Fondo Nacional de la Marina Mercante (en liquidación).

Art. 6.- La autorización a que se refiere el Artículo 4º del presente decreto para el caso de los charteos a Casco Desnudo será otorgada por el plazo del contrato, con un mínimo de SEIS (6) meses y un máximo de CUATRO (4) años corridos, contados a partir de la fecha de la autorización.

Art. 7.- La autorización a que se refiere el Artículo 5º, inciso e) del presente decreto para el caso de la compra venta, leasing o charteo con opción de compra ya ejercida será otorgada en forma definitiva, acorde al período del beneficio que prevé este decreto.

Art. 8.- En relación al Art. 5, d) y e) la documentación de acreditación, deberá ser presentada en su original o en copias certificadas por la Autoridad de Aplicación o por escribano público. En todos los casos la documentación, deberá ser en idioma nacional o traducido por traductor público nacional y las firmas certificadas por escribano público o por autoridad consular si ha sido suscripto en el exterior.

Art. 9.- Los buques y artefactos navales que se amparen en el presente decreto, estarán sometidos al régimen de importación temporaria previsto en la Ley Nº 22.415 y sus normas reglamentarias. Tratándose de buques afectados al transporte de cargas, quedarán comprendidos expresamente en el Artículo 466 de la ley citada.

Art. 10.- Los buques y artefactos navales de bandera extranjera amparados por este decreto, deberán ser tripulados exclusivamente por personal argentino bajo pena de pérdida del beneficio establecido en el presente decreto. Si se demostrare la falta de disponibilidad de tripulantes argentinos, se podrá habilitar personal extranjero que acredite la idoneidad requerida, hasta tanto exista personal argentino disponible. Podrá ser de nacionalidad extranjera todo aquel personal que se embarque y que no pertenezca a la dotación de seguridad ni de explotación del buque o artefacto naval.

Art. 11. - Corresponderá a los armadores, de toda embarcación, incluidos aquellos cuyos buques que estén destinados a actividades extractivas, la determinación del personal de explotación de los buques y artefactos navales de acuerdo a la normativa vigente. La dotación mínima de personal de seguridad será fijada por la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA dependiente del MINISTERIO DE SEGURIDAD, de acuerdo a las normas técnicas en la materia que rijan a nivel internacional y las dotaciones mínimas de seguridad de los buques de bandera extranjera serán determinadas por el país de abanderamiento, excepto que éstos se lo soliciten formalmente a la Autoridad de Aplicación."

Art. 12. — Déjese sin efecto el inciso g) del Artículo 35 y el Artículo 37 del Decreto Nº 817/92, y restitúyase la vigencia de los Artículos 142 y 143 de la Ley Nº 20.094, respecto de los cuales será autoridad competente la SUBSECRETARIA DE PUERTOS Y VIAS NAVEGABLES, dependiente de la SECRETARIA DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE con excepción de la dotación mínima de personal de seguridad.

Art. 13. — El armador que resulte beneficiario por la incorporación a casco desnudo, deberá asumir la explotación comercial del buque o artefacto naval y de los contratos que se celebren con el objeto de tripular los mismos. Dichos contratos se regirán por la legislación argentina vigente y quedarán bajo jurisdicción administrativa y judicial argentina.

Art. 14. — El MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL será la Autoridad de Aplicación de lo dispuesto por los Artículos 10 y 13 del presente decreto, el que se encuentra facultado para dictar las reglamentaciones de los mismos en lo que a su competencia se refiere.

Art. 15. — Los trabajos de modificaciones y reparaciones, incluidos en las renovaciones de los certificados de clasificación y aquellos que se deban realizar fuera de la condición señalada en los buques arrendados en las condiciones que establece el presente régimen, deberán ser realizados en astilleros y talleres navales de nuestro país dentro de sus capacidades técnicas o disponibilidad de sus instalaciones. Similar obligación se establece para el caso que se requieran reparaciones correctivas, cualquiera fuere la causa de su necesidad. En el caso de registrarse la necesidad de reparaciones en los buques arrendados y afectados a los servicios internacionales de cargas, la Autoridad de Aplicación podrá justificar la contratación de los trabajos en astilleros o talleres navales de países extranjeros, cuando medien fundadas razones de seguridad del buque y de sus tripulantes.

Art. 16. — La capacidad de locación a casco desnudo de los armadores que cumplan con los requisitos establecidos en el presente decreto, será igual al CIEN POR CIENTO (100%) del tonelaje o potencia o capacidad de bodega de sus buques y/o artefactos navales en actividad que registre de su propiedad o que se encuentren alcanzados por el inciso b) del Artículo 5º y con todos los certificados actualizados, con bandera argentina. Dichos armadores sumarán a esa capacidad hasta el DOSCIENTOS POR CIENTO (200%) del tonelaje, o potencia o capacidad de bodega de las unidades que posean en construcción en astilleros nacionales, o que hayan construido en astilleros nacionales desde la entrada en vigencia del régimen establecido por el Decreto Nº 1772/91 y que a su vez se encuentren enarbolando pabellón nacional, o sean titulares de un. contrato de reconstrucción de buque en astilleros nacionales por un valor igual o superior a DÓLARES ESTADOUNIDENSES UN MILLON (USD 1.000.000) por contrato con principio de ejecución.

Art. 16 bis: Podrán sumar una capacidad de charteo del TRESCIENTOS POR CIENTO (300%) aquellos propietarios y/o armadores que cuenten con buques que permitan desempeñarse como buque escuela durante todo el año, para la formación de cadetes de la Escuela Nacional de Náutica y de la Escuela Nacional Fluvial, con un mínimo de 12 cadetes por viaje; debiendo el armador tomar a su cargo la manutención de los mismos durante todo el periodo de embarco, incluyendo el traslado hasta y desde el puerto al domicilio del cadete.  

CASIN

Cámara Santafesina de la Industria Naval

 

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